Anderson Torres conversa con Jair Bolsonaro. Foto: AFP

El exministro de Justicia del Gobierno de Jair Bolsonaro y exsecretario de Seguridad del Distrito Federal, Anderson Torres, fue arrestado el sábado acusado de facilitar la invasión y los actos vandálicos en las sedes de tres poderes en Brasil el 8 de enero.

La Policía Federal informó en un comunicado que Torres fue apresado en el aeropuerto internacional de Brasilia, donde desembarcó procedente de Florida, EE.UU., y fue llevado a un centro de detención donde permanecerá a disposición de la justicia.

El martes, la Fiscalía General y la Policía Federal determinaron prisión para Torres, quien anteriormente había sido depuesto de sus cargos. El exministro de Justicia y exsecretario de Seguridad viajó a EE.UU. días antes de los violentos asaltos en Brasilia (al igual que Bolsonaro), no sin antes destituir a los altos mandos de la corporación, dejando así desprotegida la capital.

Hasta ser convocado por Bolsonaro para ser su ministro de Justicia, Torres era un oscuro comisario de la Policía Federal, refiere el periodista brasileño Eric Nepomuceno.

“Conocido por su mediocridad y por supuestas participaciones en desvío de recursos y otros pequeños actos de corrupción, mantenía buenas relaciones con políticos. Gracias a esas relaciones fue nombrado consejero en varios órganos estatales, lo que le ofrecía gordas remuneraciones paralelas. El 30 de marzo de 2021 fue nombrado ministro de Justicia de Bolsonaro”.

Como se sabe, el frustrado movimiento golpista del domingo 8 de enero está bajo severa investigación.

Las autoridades ya conocen el nombre de varios de los financiadores del acto y muchas prisiones han sido decretadas, pero falta una prueba concreta sobre la presumible participación de Jair Bolsonaro en el intento de golpe de Estado a Lula. Anderson Torres, su fiel colaborador, quizá sea la vía más rápida para llegar a esa prueba.

Bolsonaro: El cerco judicial se estrecha

Bolsonaristas radicales observan desde una ventana rota en el Palacio de Planalto, en Brasilia. Foto: AP

Jair Bolsonaro perdió su inmunidad el 1 de enero y el día 8 de ese mismo mes se produjo el mayor asalto contra la democracia en Brasil desde la dictadura.

El exmandatario no se encontraba en el país, porque unos días antes de la investidura de Lula se había marchado a Florida, en EE.UU. No obstante, la larga distancia no ha impedido que el cerco judicial contra él se vaya estrechando, y rápidamente.

El Tribunal Superior Electoral (TSE) determinó esta semana que Bolsonaro y su candidato a vicepresidente en las elecciones, el general Braga Netto, “tienen tres días” para explicar el contenido de un proyecto de decretohallado en la vivienda de Anderson Torres.

La policía encontró en un armario de la vivienda el polémico borrador de decreto para intervenir el TSE y cambiar los resultados de las elecciones ganadas legítimamente por Lula en octubre pasado.

El magistrado Benedito Gonçalves, del TSE, respondió el lunes a un pedido del centroizquierdista Partido Democrático Laborista (PDT) para que el documento se adjunte a las investigaciones sobre una reunión que Bolsonaro mantuvo en julio de 2022 con una decena de embajadores, a quienes expuso su infundada teoría sobre la fiabilidad de las urnas electrónicas. 

Gonçalves consideró que este encuentro no tenía solo la vista puesta en los embajadores, sino también en “movilizar a sus bases a través de hechos, a sabiendas falsos, sobre el sistema electoral”.

Para el juez, existe “una correlación inequívoca entre esos hechos y los nuevos documentos”, informó la prensa local.

A partir de febrero, cuando el TSE termine su receso, Gonçalves activará las 16 investigaciones que Bolsonaro carga por abuso de poder económico, uso indebido de medios de comunicación social y propaganda anticipada irregular.

Para algunos miembros del Partido Liberal (PL), formación del exmandatario, es muy difícil que este salga ileso de todas las investigaciones.

Los partidarios del PL consideran improbable que Bolsonaro pueda presentarse a una nueva disputa electoral dentro de cuatro años. Si llegase a ser considerado responsable en alguno de estos procesos, podría ser condenado a un período de inhabilitación política.

El Supremo Tribunal Federal (STF) también le abrió una investigación la semana pasada por su supuesta implicación en los actos del 8 de enero, la cual se basa en un video que él mismo colgó en las redes dos días después del asalto. La grabación cuestionaba los resultados electorales.

El video fue eliminado poco después, pero el tiempo que pasó publicado fue suficiente para que se difundiese entre miles de sus seguidores y los animase a seguir protestando, lo que obligó a las autoridades a reforzar la seguridad en la capital ante nuevas amenazas.

En la máxima corte, Bolsonaro ya tiene abiertos al menos otros cuatro procesos, entre ellos uno por divulgar noticias falsas sobre el coronavirus, que ahora, al perder su inmunidad, podrían pasar a la primera instancia.

El expresidente, que nunca reconoció la victoria de Lula, habló el lunes desde Florida con sus simpatizantes y aprovechó para intentar desvincularse de lo ocurrido en Brasilia. “Lamento lo que pasó el día 8, una cosa impensable. Pero en mi gobierno la gente aprendió lo que es la política, conoció a los poderes, empezó a valorar la libertad”, dijo.

El golpismo contra la izquierda

Destrozos de bolsonaristas radicales en Brasilia, Brasil. Foto: AP

¿Qué relación tiene este intento de golpe de Estado en Brasil con otros intentos de la derecha de boicotear a los Gobiernos progresistas o “de izquierda” en la región? ¿Cuál es el papel de Bolsonaro en estos hechos? Al respecto, Cubadebate conversó con el investigador del Centro de Investigaciones de la Política Internacional (CIPI) y máster en Historia Contemporánea y Relaciones Internacionales, Elio Emilio Perera Pena.

“Lo sucedido en Brasil es un episodio muy reciente, que se está investigando, y que pudiera tener muchas derivaciones y consecuencias”, afirmó Perera Pena.

“Puede catalogarse como un intento de golpe de Estado, como una de las manifestaciones modernas de golpes de Estado, en las que los sectores de la ultraderecha, o de la derecha reaccionaria, se articulan con los medios de comunicación, líderes de opinión, influencers, entre otros, y tratan de manufacturar un consenso social para intentar derrocar a los poderes del Estado y, por tanto, al presidente electo.

“Para lograr eso, los sectores de la derecha reaccionaria recurren a supuestas pruebas o evidencias, dando a la ciudadanía la imagen de que son verdaderas en el relato que van construyendo.

“De manera pudiéramos decir que casi general, en los casos de golpes o intentos de golpes de Estado en América Latina en épocas recientes, ha sido una constante fomentar en la ciudadanía un sentido común antipolítico, alimentado por prejuicios tales como ‘todos los políticos son corruptos, los de la izquierda igual’, ‘no hay que meterse en política o te buscarás problemas’ o ‘no hay ningún cambio posible, los Gobiernos progresistas no hicieron más que robar del mismo modo que los anteriores, no existe alternativa real al sistema’, entre otras máximas del pensamiento que se van transformando, con éxito muchas veces, en el sentido común del ciudadano promedio.

“Y si no, ¿cómo entender que Jair Bolsonaro –quien hizo una fuerte campaña a través de las redes sociales, instigando al odio, con mensajes xenofóbicos y antifeministas, con una actitud fuera de control y de irrespeto total a las medidas de sanidad cuando la pandemia–, goce de una aceptación, considerada relativamente de un porcentaje alto por la ciudadanía brasilera?

”, comentó el investigador.

Añadió que “estos intentos de golpes de Estado han comenzado, o se han alimentado muchas veces, con la presencia de jueces encargados de estigmatizar el proceso político nacional, así como al presidente del país y algunos de sus dirigentes.

“Ejemplos tenemos en todos los países que han sufrido desde el año 2000 golpes o intentos de golpes de Estado, pero me vienen a la mente dos casos: uno, la jueza Luisa Ortega, en Venezuela, criticando a Maduro y a su familia por corrupción, y criticando de la misma manera a otros dirigentes del Gobierno, o el propio juez Sergio Moro, en Brasil”.

De acuerdo con el investigador del CIPI, “ha sido una constante en estos jueces seleccionados por determinados sectores de la ultraderecha, que, después de estas críticas, han orquestado, alimentado y facilitado procesos tales como: el impeachment a Dilma Rousseff y el posterior encarcelamiento de Lula, la persecución judicial a la expresidenta Cristina Fernández y funcionarios de su Gobierno, el encarcelamiento del exvicepresidente Jorge Glas, incluido el caso judicial abierto contra el expresidente Rafael Correa.

“Esos, entre muchos otros, son algunos de los ejemplos más evidentes de apertura y legitimación de un nuevo frente de batalla, que utiliza o intenta utilizar la fuerza de los poderes públicos nacionales con fines desestabilizadores y conductas de corte neofascista”.

Perera Pena sostuvo que en esos golpes de Estado o intentos de golpe de Estado se manifiestan “la asimetría, la colonialidad y la dependencia, tal y como están inscritas en las relaciones internacionales”, y que “los Estados poderosos como EE.UU. se inmiscuyen fuertemente en esos procesos”.

“En ocasiones pasamos por encima el hecho de que Washington es el principal asesor en las reformas jurídicas y en la supuesta modernización, entrecomillada, de los aparatos legales latinoamericanos, ¿cómo?, através de la USAID, de la Red Atlas, de la Open Society”, dijo.

“Es cierto que EE.UU. fue de los primeros países que condenó el golpe contra Lula, pero desde determinados sectores reaccionarios de la derecha, desde hace décadas, mediante el servicio de esas organizaciones que tienen contratos legales con los servicios jurídicos de países latinoamericanos, desde los sectores reaccionarios que mencionábamos, se ejerce la injerencia en los asuntos internos de un país y hasta se trata de internacionalizar esa injerencia bajo un pretexto supuestamente sólido. Por solo citar un ejemplo, el caso Lava Jato en Brasil”.

Explicó que lo sucedido con Lava Jato –uno de los mayores hechos de corrupción en Brasil en los últimos años– ha tenido un impacto negativo en una economía que es de las más fuertes del continente y hasta del mundo. “El caso Lava Jato ha impactado en el PIB brasileño, en el empleo, pero, sobre todo, en la industria naval, que habían logrado tener un crecimiento importante en los últimos años”.

Otro ejemplo citado por Perera Pena fue el llamado Proyecto Puentes, que se desarrolló en el 2009 en Brasil, y en el que el Departamento de Justicia de EE.UU. asesoró a miembros de los aparatos judiciales de América Latina en técnicas y mecanismos contra la corrupción, y en cómo utilizar psicológicamente el fenómeno de la corrupción para (con) fines políticos desestabilizadores.

“Este Proyecto Puentes, orquestado desde los servicios de inteligencia estadounidenses, tuvo entre sus alumnos más destacados al juez Sergio Moro”.

De acuerdo con el investigador del CIPI, “en el propio Proyecto Puentes se dieron conferencias encaminadas a que determinados sectores empresariales y políticos brasileros intensificaran sus vínculos con el personal diplomático estadounidense acreditado en Brasil, con el objetivo, según se conoció a través de documentos desclasificados por Wikileaks, de crear informantes, o sea, personal con información sensible brasilera dispuesto a ponerla al servicio de las autoridades estadounidenses.

“No es que queramos hablar mal de nadie, pero podemos citar otro ejemplo de injerencia e intromisión estadounidense en estos intentos de golpes de Estado: el Interamerican Dialogue, que hizo un seguimiento pormenorizado del Lava Jato. Expuso frente al Congreso de EE.UU. una serie de recomendaciones, según dijeron, con pruebas recogidas en países latinoamericanos.

“Entre las recomendaciones, tener en cuenta la supuesta vinculación corrupta de algunos funcionarios con el Partido de los Trabajadores, que la Fundación Atlas continuara recogiendo pruebas similares en otros países de la región, donde supuestos izquierdistas cometían ilegalidades, y que todo fuese denunciado a través, nada más y nada menos, de la Sociedad Interamericana de Prensa, cuya posición ante los Gobiernos progresistas todos conocemos, al igual que su cariño inmenso por todo lo que huela a neoliberal, tal y como se procede con ese término en la práctica.

“Ahora

, dotó a esos sectores casi que con fuerza constitucional para que asumieran un papel primordial en la formación de opinión pública, no solo durante su campaña, sino también para posibilitar el encarcelamiento de Lula, mediante la prensa tradicional y –sobre todo– en las redes sociales.

“Estos sectores obedecen fundamentalmente al ejército, a las policías provinciales, llamadas Policía Militar en Brasil, y en buena medida también a efectivos de las fuerzas especiales. Son figuras, sectores reaccionarios, los mismos que –al igual que Bolsonaro– reivindican como un logro la dictadura militar que sufrió Brasil durante más de 20 años”.

No puede dejar de mencionarse, según Perera Pena, que otra característica apreciada de manera general en los golpes o intentos de golpe en la región ha sido “el intento de desarticular la presencia política de los partidos que apoyan a los líderes progresistas, contra los que mayoritariamente se dirigen los intentos de desestabilización, por ejemplo, en Brasil, como se conoce, contra Lula, Dilma y el Partido de los Trabajadores”.

Pero hay otros ejemplos, “como lo sucedido contra Venezuela, en las críticas constantes al PSUV y a la figura de Nicolás Maduro y el equipo del Gobierno”.

El investigador alertó que en casi todos los países que han sufrido desestabilización, “después de una primera, por decirlo de alguna manera, primera oleada de golpe, viene la reiteración o la segunda parte del golpe, casi siempre atacando el aspecto económico”.

Y citó como ejemplo a Venezuela. En abril del 2002 se produjo el golpe de Estado contra Chávez, que fue frustrado, pero luego, en diciembre de ese propio año y hasta marzo del 2003, los sectores reaccionarios emprendieron el llamado golpe de Estado petrolero.

“Y así ha sucedió en otros países, después de una arremetida pudiera venir otra, incluso mucho más potente", advirtió.

“

. Sin ser alarmistas, continúan las denuncias del sindicato petrolero brasilero, que es el más o uno de los sindicatos más fuertes. Directivos de ese sindicato denuncian que hay creados grupos desestabilizadores para, llegado un momento determinado, impedir la venta de combustible en los puntos de venta, que en Brasil son conocidos como destilerías. Y que estos grupos están conformados por bolsonaristas y miembros o adeptos de las iglesias evangélicas.

“Las ultraderechas o los sectores más reaccionarios de la derecha radical utilizan para sus fines desestabilizadores tres elementos claves: miembros descontentos y agresivos en las fuerzas armadas y en las fuerzas especiales, figuras significativas del clero religioso y el apoyo de las iglesias evangélicas, y el tener a su favor a los medios de comunicación hegemónicos”.

El especialista insistió en que “la situación actual requiere que se siga investigando” y que, a la vez “la alianza, el pacto amplio que creó Lula pueda seguir trabajando, ante la presión que pudiera tener el Gobierno de Lula para presentar acciones concretas que hagan frente al déficit y a la difícil situación económica y social en que quedó Brasil”.

Las investigaciones continúan su curso. ¿Qué papel jugó Bolsonaro en los hechos del 8 de enero?, ¿quiénes lo respaldaron?, son interrogantes a las que el tiempo dará respuesta.

Escuche el podcast de la entrevista:

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